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GLOSARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Conceptos y demandas del movimiento estudiantil.


Derecho a la Educación.
La constitución no Reconoce el Derecho a la Educación, ni garantiza su defenza en igual proporción que el derecho a la propiedad, a la libre empresa y a la libertad de enseñanza.
Por tanto se requiere una Reforma constitucional que:
a)Otorgue prevalencia al derecho a la educación de calidad integral y a la participación.
b)Garantice que este derecho sea una responsabilidad del Estado.
c)Preserve el derecho a la educación (dar garantía de derecho) entendido como: un bien social público, laico, multi e intercultural, con infraestructura de calidad, sin ningún tipo de discriminación económica, social, cultural, ideológica, de género, étnica, minorías con necesidades educativas especiales y diferentes opciones sexuales.

Propiedad de las instituciones.
Las instituciones deben tipificarse en consideración del carácter de su propiedad. El estado debe tener un trato preferencial con sus instituciones, que contemple mecanismos de regulación, financiamiento y participación distintos que con las instituciones que no son de su propiedad. Esta tipificación debe servir de base para aplicar normas que corrijan la desigualdad en que hoy día se encuentran en relación al sector privado. Las instituciones estatales estarán obligadas a tener un compromiso inapelable con lo público, lo que no bota que algunas instituciones de propiedad privada puedan desempeñar un rol colaborador del estado y accedan voluntariamente a funcionar como públicas.

Definición de lo público
Según la definición de la UNESCO y la OECD, un establecimiento educacional es público cuando es controlado (control final) y gestionado por una autoridad o agencia educacional pública o por un cuerpo de gobierno donde la mayoría de sus miembros son elegidos y designados por una autoridad pública.
Es el ámbito democráticamente gestionado que se establece en oposición al mercado, que vela por el bien común por sobre los intereses particulares, y que busca es espacio común y el pluralismo en contraposición a la privado.
La educación pública es la que crea ciudadano, dejándolos ser libre de pensamiento y elección, haciendo respetar las diferencias. Es la que construye una identidad colectiva, en la cual las personas son conscientes de un espacio común en la sociedad.
Para sintetizar una definición operativa podríamos sostener que una institución es pública cuando es abierta, democrática y pluralista. Mas que la propiedad, las condiciones que aseguran en una institución su carácter público son: la apertura a la sociedad en términos de acceso; el pluralismo consagrado en libertad de cátedra y libertad de asociación y la democracia entendida como la participación de todos sus estamentos en el gobierno para establecer su proyecto de desarrollo y realizar su gestión.

Institucionalidad
En Educación Superior la institucionalidad formal es el Consejo de Rectores, una instancia no que responde a los desafíos actuales, debiésemos apostar a implementar un Consejo de Universidades Públicas, donde solo participen autoridades elegidas democráticamente de instituciones que se definan como públicas en cuanto a deberes y derechos con el estado. Estas podrán ser de propiedades públicas o privadas pero orientadas a cumplir una misión pública, teniendo como requisito inapelable la apertura a la sociedad, el pluralismo y la democracia interna. Este cuerpo desempeñará la regulación de todo el sistema y dictará los requisitos de acreditación y evaluación por los que deberán regirse todas las instituciones.
Además Necesitamos un MINEDUC que cumpla con los roles de Financiar, Administrar, Fiscalizar, Asesorar, Proponer, Organizar, Impulsar las instituciones que sean de su propiedad y aquellas que colaboren con el cumplimiento de su misión, de manera que establezca una regulación de todo el sistema.
También es necesaria una Superintendencia en Educación Superior para: regular y controlar a las instituciones, mediante la evaluación y seguimiento del cumplimiento de su misión y funcionamiento interno. Velar por la transparencia de la gestión interna de éstas y regular la política arancelaria estableciendo máximos para impedir el alza indiscriminada de estos.

PDI
Los Proyectos de Desarrollo Institucionales (PDI) son el pilar principal de la construcción de la educación pública que queremos en el marco de la definición de los objetivos generales y específicos para cada institución, dando cuenta de la particularidad productiva, cultural, etnica, etc, de cada institución y región. Los PDI deben establecer la función exacta de cada establecimiento e institución en el cumplimiento de los proyectos de desarrollo sustentables (nacional o regional) respectivos, dando cuenta de la misión y visión institucional a la vez que de los planes estratégicos y educativos ajustados a esos fines. Su elaboración participativa es condición para lo público, de manera que sea la sociedad, representada en la comunidad de la institución, la que fije sus metas y objetivos.
El Estado debe promover un Proyecto Nacional de Desarrollo Sustentable que no responda a los requerimientos del mercado o los proyectos de algunos sectores corporativos o idológicos. Este proyecto debe ser elaborado por una instancia estatal o de gobierno en colaboración con las comunidades universitarias en función de los PDI elaborados por las comunidades universitarias. No podemos dejar la generación de este sólo en manos del gobierno, sino que tenemos que darle soberanía a la saciedad para definirlo al interior de las universidades.

Currículum
Las reformas impuestas por criterios de mercado supone un grave peligro para que los distintos ciclos de estudios tengan una unidad y coherencia estrictamente académica y no meramente funcional al aparato productivo. La Reforma del Perorado que se ha estado impulsando esconde muchos riesgos tras una presunta defensa de la libertad, optatividad y flexibilidad en la que se basa el sistema de créditos. La posibilidad de que cada cual pueda “diseñar” libremente sus estudios en función de sus propios intereses puede llevarnos a que se impongan los intereses de mercado en la elaboración del currículo, por las perpectivas económicas en ciertos rubros. Uno prominencia del mercado puede ser tan destructivas respecto a la teoría y la ciencia como lo ha sido en todos los otros ámbitos humanos.
Lo que se teme (además de controlar la investigación) es que se formen, o bien profesionales ultraespecializados en áreas muy particulares o bien, por el contrario, sujetos flexibles que, teniendo algún conocimiento, por precario que sea, de distintas disciplinas, puedan adaptarse con facilidad a los cambios vengan de donde vengan.
Los contenidos curriculares deben integran, formación común, general y especializada, asegurando la coherencia académica. Debe establecerse según las exigencias teóricas internas de cada disciplina científica por sobre la libertad, optatividad y flexibilidad con la que pueda conformarse la malla curricular, de esta forma se salvaguardan las disciplinas de los intereses y necesidades del mercado.
El enfoque debe buscar la formación de ciudadanos para la vida, y la búsqueda del conocimiento, por sobre la formación de profesionales competentes para el mercado. Para esto el currículo debe incorporar temáticas de interés ciudadano (formación cívica) y de preocupación específica de los jóvenes, además de reconocer y dar cabida al desarrollo de abilidades ciudadanas y de liderazgo a través de las organizaciones estudiantiles y los grupos de acción social.

Democratización.
Una democratización sustantiva en educación tiene cuatro líneas de construcciones complementarias e innegociables: primero, asegurar el acceso equitativo, la permanencia y el egreso efectivos de todos los niveles del sistema educativo para todos aquellos que tengan las capacidades intelectuales necesarias. Segundo; a través de una real apropiación universal del conocimiento. Tercero; la dignificación real del trabajo docente; y cuarto, con un efectivo nivel de participación de todos los interesados por la educación pública en todos los ámbitos de decisión que les competen. Nadie puede ser excluido de la discusión sobre el modelo de ser humano, de sociedad y de conocimiento que debe contribuir a formar, producir y transmitir el sistema educativo y esto solo puedo lograrse con la participación efectiva en las instancias de gobierno de las instituciones.
Gobierno Democrático: Se refiere a la necesaria separación de poderes al interior del aparato burocrático de las instituciones (poder ejecutivo, normativo y de evaluación), en instancias que deben estar conformadas por cuerpos colegiados y triestamentales (académicos, funcionarios y estudiantes), los cuales podrán participar en los procesos de discusión y toma de decisiones respecto al funcionamiento y futuro de la institución (PDI, presupuesto, gestión, administración y evaluación). Además, con participación en
elección de autoridades (Rector-Decanos), sometiéndose éstos a decisiones de los cuerpos colegiados.


Acreditación
Los objetivos de la acreditación deben ser la búsqueda de la excelencia y la orientación hacia el mejoramiento continuo. A través de este instrumento deben certificarse los mecanismos de auto evaluación, autocontrol y garantías de mejoramiento de la calidad con los que las instituciones cumplen con las tareas que le son propias: docencia, investigación, extensión y formación cívica, siendo TODAS ellas necesarias para poder considerar a una institución de Educación Superior como Universidad.
La acreditación debe desarrollarse con mayores atribuciones mediante una instancia de carácter estatal, otorgándole facultades para abrir o cerrar carreras e Instituciones de Educación Superior.
Además es necesario imprimir carácter obligatorio al proceso de acreditación, además de una alta cuota de transparencia en cuanto a las variables a evaluar y los indicadores a utilizar.

Calidad
El concepto de calidad se enmarca dentro del proceso de liberalización económica que ha sufrido la educación superior, viniendo a remplazar el clásico concepto de “Excelencia Académica” referente al “buen hacer” en el marco de la Academia. Esto sumado a la creciente certificación según comisiones externas al ámbito universitario, que incluyen a personeros del mundo profesional y empresarial, puede llegar a comprometer la autonomía universitaria que debemos cuidar siempre de preservar. Por tanto deben establecerse parámetros institucionales para medir la calidad, que sean acordes al proyecto de desarrollo institucional y no a las exigencias de criterios gerenciales y empresariales. Estos parámetros deben considerar la exigencia de al menos una carrera académica, y que las instituciones fomenten orgánicamente la evaluación, promoción y perfeccionamiento de sus académicos según su desempeño, desarrollo y validación en el quehacer universitario. En el quehacer formativo deben considerar además de lo académico, el grado con que la institución forma valores y prepara para la ciudadanía y convierte a los estudiantes mas en personas integran mas que en meros profesionales.

Autonomía
La autonomía universitaria es una condición inapelable de la educación pública por cuanto asegura las condiciones para la generación, cultivo y socialización del conocimiento de cara la sociedad. Y podría definirse como la condición de libertad con que la institución puede definir y llevar a cabo su proyecto educativo propio, de manera democrática, y según los necesidades del saber que cultiva y el bien común al que se orienta, de espaldas a todos los intereses y todas las componendas, independientemente de lo que ocurra o deje de ocurrir fuera de ella.
Son condiciones para lograr esta autonomía, los medios necesarios para que la búsqueda de conocimiento no se oriente según ninguna dependencia; que exista libertad de cátedra sin sesgos políticos o ideológicos; que las grandes decisiones institucionales se mantengan salvaguardadas de los vaivenes políticos nacionales, que los procesos de evaluación respondan a indicadores propios, que los sujetos que integren su comodidad provengan de todos los estratos sociales, que su orientación institucional esté en relación a las necesidades del conocimiento y no a los valores del mercado, y que el gobierno institucional no esté secuestrado por personas, grupos o intereses ajenos.

Producto Interno Bruto
Es Chile uno de los países más inequitativos del mundo, expresándose esta premisa en el plano de la educación en general. Hoy en educación superior la inversión del PIB corresponde al 2,1%, del cual sólo un 0, 3% corresponde a aporte fiscal, siendo el 1,8% restante aporte de los privados, particularmente el de los bolsillos de nuestras familias.
El Estado debe financiar de manera descentralizada el Sistema, con a lo menos el 7% del PIB, íntegramente con cargo al Estado y/o un 30% del Presupuesto Fiscal, sin negar por ello la posibilidad de percibir otros aportes extraordinarios en el ámbito del sistema escolar. En cuanto a la educación superior debemos financiar el 60% de los presupuestos basales de las instituciones de propiedad estatal con aportes de libre disposición y aumentar al menos en un 1,2% del PIB los aportes Fiscales.

Reforma Tributaria
El sistema tributario chileno es profundamente regresivo. La distribución del ingreso del país es más negativo después que antes de pagarse impuestos. "El 10% más rico de la población sólo tributa un 11,8% de sus ingresos, mientras el 10% más pobre paga el 14,4% de los suyos en impuestos", situación que no se ha modificado. El crecimiento de los ingresos tributarios debe hacerse sobre la base de aumentar los impuestos directos, en forma progresiva, y reducir los indirectos. Con esta medida se busca aumentar la cantidad de recursos que maneja el Estado, para poder disponer de más ingresos tanto para Educación superior como para otras áreas de gasto social. Un aumento en los impuestos progresivos a la renta (a las personas) es la manera por la cual se puede asegurar que estos nuevos recursos que queremos captar provengan del estrato más acomodado de la población y de quienes más provecho sacan de las características de bien privado de la educación superior, es decir, de quienes obtienen una gran rentabilidad por el hecho de estudiar las carreras que generan grandes ingresos una vez titulado. Para esto se puede definir desde un impuesto especial a los profesionales, hasta un aumento en las tasas de pago de impuesto de quienes lo hacen actualmente, para que de esta forma los impuestos progresivos adquieran mayor importancia que la que tienen actualmente.

Arancel Diferenciado
Esta demanda parten de la premisa que el responsable primero e ineludible del financiamiento Universitario, es el Estado, en tanto las Universidades debieren ser instituciones, que en razón de su naturaleza la cual está dada por la búsqueda del conocimiento, tienen por fin el generar un producto de Bien Social, que no solo aporte individualmente a la persona en la realización de una carrera profesional sino que más aún aporten a la sociedad toda y en donde sus profesionales tengan un compromiso claro en el devenir de su país.
El actual modelo define una inmensa mayoría postergada en el acceso a las riquezas, también posibilita la existencia de una minoría con altos ingresos y con una desbordante capacidad de pago. Esto nos sitúa en un escenario en el cual el ingreso y permanencia en la Universidad, en sí, no puede convertirse en un elemento más, que estimule la desigualdad en los ingresos, ya que, al entender a la Educación como un “factor de movilidad social”, los sectores de más altos recursos, se verían doblemente beneficiados, en la eventualidad de un mecanismo de educación gratuita, es decir, estaríamos ante una política sumamente regresiva.
La propuesta de arancel diferenciado, nos plantea que el pago de aranceles debiese ser sólo de acuerdo a las posibilidades reales de recursos y de manera escalonada y al contado, excluyendo del pago a todos aquellos que no cuenten con ingresos, que de paso debemos decir, es la inmensa mayoría, atendiendo a la participación nacional del ingreso, y en donde todo aquello que no se pueda cancelar sea financiado por el Estado.

Crédito Universitario
La propuesta de Arancel Diferencia apunta a la eliminación inmediata de todo sistema crediticio en la educación superior dado los siguientes puntos: 1.- El entendimiento de la educación como un producto de mercado al cual se debe optar dependiendo de la capacidad de pago, y en la cual se debe elegir como un bien de consumo más. 2.- Se refuerza para el estudiante y para la sociedad la idea de que la educación es un bien exclusivamente personal que beneficia sólo al individuo que realiza o realizará el esfuerzo económico para educarse. 3.- La dependencia en la asignación de recursos del pago de préstamos antes hechos a otros estudiantes luego egresados, instaura un mal llamado concepto “solidario” que en la práctica consagra una relación entre privados, es decir, la posibilidad de un nuevo préstamo depende de otro privado que debe cancelar su deuda, condicionando el futuro del estudiante. Todo esto desvirtúa el rol del Estado y su papel en el desarrollo nacional, estableciendo una equivocada visión de función pública, fundada en el mero acto del uso común de un servicio y no en la trascendencia de ser el garante y responsable en la asignación de recursos y de la educación del pueblo en general.

Aportes Basales de Libre Disposición
Las Universidades de propiedad estatal perciben poco más, poco menos el 15% de su presupuesto desde el Estado a través de AFD (Aporte Fiscal Directo), lo cual las obliga a autofinanciarse, principalmente desde el cobro de aranceles onerosos que se cargan a los bolsillos de las familias y endeudan a los estudiante en el caso de optar al sistema crediticio.
El estado debe aumentar el gasto público en educación, hasta como mínimo financiar la mayor parte de los presupuestos de las universidades públicas y que estos fondos sean de libre disposición, trayendo como consecuencia una disminución en los valores reales de los aranceles para permitir la existencia de un arancel diferenciado en vías de la gratuidad y el fortalecimiento de las instituciones que hoy se encuentran en quiebra o al borde de ella.
Para llevar a cabo esto debe reajustarse el AFD que es el único fondo con carácter de “libre disposición”, no obstante debemos establecer criterios diferentes a los actuales en cuanto a la asignación. Debe haber mayor equidad en la asignación de recursos por universidades regionales.

Retorno:
La dependencia en la asignación de recursos del pago de préstamos antes hechos a otros estudiantes luego egresados, instaura un mal llamado concepto “solidario” que en la práctica consagra una relación entre privados, es decir, la posibilidad de un nuevo préstamo depende de otro privado que debe cancelar su deuda, condicionando el futuro del estudiante. Debemos acabar con las lógicas crediticias en función de implementar nuestra política de Arancel Diferenciado como paso para la gratuidad.

AFI
Siempre se ha planteado la eliminación del AFI por ser un fondo regresivo que financia a los 27.500 mejores puntajes de la PSU, profundizando con ello la segmentación social al entregar recursos a los estudiantes más acomodados en las Universidades más prestigiosas y con menos problemas económicos. La propuesta histórica respecto de AFI ha sido traspasarlo al AFD, sin embargo creemos que hay que darle un destino más específico que ayude a reducir la tasa de deserción académica en los quintiles más pobres. Por ejemplo que el AFI se destine a las universidades públicas y estatales que reciban estudiantes de los tres quintiles más pobres, y con esos recursos pueda financiarse programas de nivelación académica para estos estudiantes. Esto ayuda tanto a evitar la deserción académica de los quintiles más bajos, como también a financiar con nuevos recursos a las universidades regionales más cadenciadas.

Selección
Un nuevo sistema de acceso debiese permitir: - El ingreso por cuotas de matricula según establecimiento de educación secundaria de procedencia. Es decir, un proporción correspondiente a las cuotas de cada establecimiento en la matricula de cada programa de estudio y una selección de estudiantes acorde al rendimiento especifico de cada estudiante en su contexto educativo y socioeconómico de procedencia.

Permanencia
Es necesario considerar la formación como un proceso continuo en el que el estudiante pueda transitar por sus distintas etapas con consideración de su nivel de formación, en cada nivel donde se produzca selección deben considerarse opciones para los que no hayan sido seleccionados y deben tenerse en cuenta mecanismos para paliar cualquier inequidad o discriminación. (ej: no quedar sin beca por pasar de un nivel a otro).
Debemos apuntar a la construcción de un sistema nacional integrado de educación continua. Ante esto debemos pensar cómo aseguramos la continuidad de estudios entre los diferentes subsistemas y a la vez como aseguramos la permanencia en los mismos por parte de los estudiantes. En el ámbito de la Educación Superior debemos articular en el sistema público un sistema de nivelación académica con los recursos provenientes de la eliminación del AFI, lo cual nos haría invertir la lógica del financiamiento a la oferta, hacia el financiamiento a la demanda, a la vez que fortalecemos el financiamiento a las instituciones más carenciadas económicamente.